América Latina es el continente con las mayores tasas de homicidio en el planeta. Megaciudades, ciudades de medio tamaño e incluso núcleos urbanos pequeños se han convertido en territorios donde la violencia homicida es cotidiana. Según datos de Small Arms Survey, en el año 2017 murieron de forma violenta más de 589 mil personas1 en todo el mundo. La mayoría de estas muertes se concentran en América Central y América del Sur y estás directamente vinculadas a homicidios en países donde no existe un conflicto armado. En la región, más del 75% de los homicidios son cometidos con armas de fuego, lo que se aleja del 50% del promedio mundial.
Adicionalmente, el escenario impuesto por la pandemia trae de la mano pronósticos sombríos sobre el aumento de la violencia y la criminalidad. El presente contexto marca un especial desafío para el control del mercado legal e ilegal de armas y municiones y no ha sido priorizado entre las múltiples tareas que enfrentan las instituciones de control.
Factores y riesgos asociados a la violencia armada
La violencia armada en América Latina tiene una relación directa con la presencia cada vez mayor de mercados ilegales. Estos mercados consolidan mecanismos de control territorial y protección no asociados a los organismos del Estado y los gobiernos locales. A esta situación, se añade el incremento de los enfrentamientos con armamento de grueso calibre entre los grupos criminales que luchan por el control territorial y las fuerzas de seguridad estatales. Pero ¿de dónde provienen las armas y las municiones que estos grupos utilizan?
Todos los países en la región importan armas y municiones y algunos también las producen. Más allá del mercado legal, la presencia de un mercado ilegal de armas es innegable y existe una fuerte conexión con el tráfico de drogas, así como con la trata de personas. Sin embargo, la literatura al respecto reconoce que muchos de los hechos de violencia armada se realizan con armas que fueron legalmente producidas e inscritas en los registros nacionales. En ese sentido, la presencia de armas en la sociedad supone un riesgo para el desarrollo y estos riesgos no son entendidos por la mayoría de los actores políticos y ciudadanos. A pesar de que la literatura internacional confirma que la presencia de armas tiene una vinculación directa con el contexto de violencia2, el debate público no está debidamente informado.
Iniciativas de control de armas y municiones en América Latina
A pesar de este complejo contexto, los marcos jurídicos han mejorado y se han implementado mecanismos y acciones más eficaces para enfrentar los mercados ilegales y para limitar el porte de armas de la población. Múltiples hechos evidencian además la necesidad de un mejor control de las armas y municiones producidas en cada país, así como el uso que hacen de las mismas las fuerzas armadas, las policías y la creciente industria de seguridad privada. Existen también mecanismos regionales de importancia como la “Ley Modelo de la Organization de Estados Americanos sobre Marcaje y Rastreo”3 que brinda un marco específico para la regulación de la marcación y el rastreo de municiones. Este tipo de iniciativas han avanzado sustancialmente en países como República Dominicana, Brasil o Argentina. Si bien, los marcos legales y el diseño de políticas muestran algunos avances, el gran desafío continúa siendo su implementación.
Uno de los desafíos nacionales pendientes es la generación de evidencia que permita tomar decisiones informadas. Desde algunos municipios (Rosario en Argentina, Miraflores en Perú, Minas Gerais en Brasil, por ejemplo) se han llevado a cabo iniciativas que consolidan la evidencia, la transforman en información y luego retroalimentan los sistemas nacionales de control de armas y municiones. Este proceso es clave para identificar el uso de armas en delitos y su procedencia. No obstante, uno de los mayores retos pendientes es consolidar las bases de datos que incluyan todas las armas registradas en el país (incluso las policiales y militares) para poder asegurar su trazabilidad en el caso de que sean utilizadas en hechos delictivos. Por otra parte, la obtención de datos desagregados sobre feminicidios con arma de fuego es cada vez más habitual, como por ejemplo en el caso del Observatorio de la Violencia de Honduras4. Este tipo de iniciativas nos deben ayudar a analizar la violencia de género desde una perspectiva más integral.
Finalmente, en América Latina se han desarrollado múltiples iniciativas de canje o entrega voluntaria de armas con la participación de la sociedad civil y mediante colaboraciones público/privadas. Si bien el impacto de dichas iniciativas aún no se ha podido determinar con precisión, es evidente que permiten visibilizar el problema, destacar el peligro que representa la presencia de armas en las comunidades y enfatizar la necesidad de ordenar los registros de información relacionados con las armas y las municiones.
Vínculos con la Agenda 2030
Uno de los retos principales es entender mejor la presencia de factores de riesgo vinculados con la violencia armada y reconocer la importancia y las limitaciones que la violencia armada impone en el desarrollo de nuestros países. Para ello, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pueden proporcionar un marco de análisis y acción sobre estos factores (ODS 1: Fin de la pobreza, ODS 3: Salud y Bienestar, ODS 4: Educación de Calidad, ODS 5: Igualdad de Género, ODS 10: Reducción de las Desigualdades, ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles y ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas).
La información sobre violencia armada en países con altos niveles de criminalidad reconoce la presencia de mecanismos de reclutamiento de niños y jóvenes similares a los países en conflicto. Adicionalmente, la presencia de grupos armados en diversos territorios de la región aumenta la violencia contra niñas y adolescentes, en su mayoría casos de violencia sexual. Todos los factores mencionados anteriormente generan una clara barrera para el desarrollo multidimensional de nuestros países.
Conclusiones
La experiencia en América Latina demuestra la necesidad de avanzar hacia una agenda mucho más integral para disminuir la violencia armada pensando no sólo en su expresión concreta (el uso de armas para resolver todo tipo de conflictos), sino también en sus factores de riesgo. Para poder avanzar en esta perspectiva multisistémica se requiere de sistemas de información que permitan un análisis detallado del problema, así como sistemas de monitoreo de las medidas implementadas para analizar su efectividad.
En el escenario Covid19 que enfrentará la región latinoamericana se requiere de una oportuna y sólida lucha contra los grupos criminales que buscarán mecanismos de consolidación de su presencia territorial, corrupción política y amedrentamiento poblacional. Las armas pueden convertirse en una herramienta cotidiana utilizada para instalar una justicia alternativa, así como sistemas de control ciudadano.
En este contexto y a pesar de los avances desarrollados, los esfuerzos integrales de reducción de la violencia armada no son una prioridad y carecen del financiamiento necesario. Las estrategias de transformación integrales son iniciativas a largo plazo, pero requieren victorias tempranas para demostrar a los diversos actores nacionales e internacionales que se está tomando el camino correcto. En este proceso de reducción de la violencia armada, se requieren respuestas integrales que incrementen las capacidades a nivel local, regional y global. De lo contrario, el panorama de desolación económica marcado por el crecimiento de la desigualdad y la pobreza estará acompañado de un incremento de la gobernanza criminal y la violencia homicida.
Lucía Dammert es experta en seguridad ciudadana, crimen y gobernabilidad en América Latina, profesora titular en la Universidad de Santiago de Chile y miembro del Consejo Asesor del Secretario General de las Naciones Unidas para Asuntos de Desarme.